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| José Jordi Veras Rodr |
No nos cansaremos de decirlo y expresarlo, que estamos enfrentando una calidad de imputados que fue capaz de organizarse como asociación de malhechores para llevar a cabo un crimen organizado, bajo la modalidad de sicariato y lo mismo pretenden hacer en el proceso de fondo, seguir en concierto para evitar que el juicio de fondo se inicie y han provocado trece reenvíos, utilizando todo tipo de artimañas, que ya escapan a lo legal y lo leal a nivel procesal. Pero lo peor es que en ocasiones han encontrado quien les haga el juego, olvidando su papel como auxiliares de justicia.
A propósito del caso penal que nos ocupa y del hecho de mi atentado y que el pasado día 2 de marzo del año en curso, se cumplieron cuarenta y cinco meses, tiempo en que volví a la vida por obra y gracia de Dios y que pudo sacarme de la fosa de la muerte, y por lo cual siempre estaré claro, que fue obra de un milagro y por el cual doy gracias al Altísimo todos los días, no vamos a desistir de seguir exigiendo y luchando para obtener justicia.
Por eso siempre hemos dicho también, que estamos claro y que podemos entender que el objetivo de los imputados y sus defensores, será siempre el de evitar que sus defendidos le sean conculcados o violados derechos fundamentales, lo que en este proceso no ha ocurrido. Sin embargo, usted, ni como parte, ni como abogado, puede erigirse en obstáculos para colocar las zancadillas que una audiencia se reenvíe de forma medalaganaria y por el mero deseo de una parte. Y en vez de contribuir al desarrollo de un juicio en el que se van a ponderar la realidad de las pruebas y el nivel de culpabilidad o no que usted como imputado tenga, lo que hacen es buscar desprestigiar el sistema judicial, ya no tanto del caso que nos ocupa, sino de la generalidad.
Para que se tenga una idea o ejemplo, en la pasada audiencia del día 24 de febrero del año en curso, una vez el señor Adriano Román, anunció al tribunal el retiro de la abogada que hasta ese momento le asistía, e indicó la designación de otros dos nuevos, presentes en el tribunal, los cuales, de inmediato, formularon un pedimento que fue rechazado por el tribunal; interpusieron recurso de oposición, y porque no le fue acogido, procedieron a abandonar la sala de audiencia. A esto, el tribunal decidió reasignar al defensor público que ya en ocasiones anteriores le había fijado al propio imputado Adriano Román. Sin embargo, esto no fue acogido por la Defensoría Pública de Santiago, alegando una “Instrucción General” la cual, entre otras cosas, determinaba que la misma no podía brindarle los servicios a imputados con solvencia económica. Tanto la Instrucción General como la acción en el caso específico de Adriano Román, la Defensoría violaba, la Constitución de la República y a la vez, la decisión emanada por el tribunal, asumiendo el desacato ante la misma. Con ello, no sólo se hace un flaco servicio a los procesos penales que como en este caso la Defensoría se erija en juez y parte para determinar si acata o no una decisión. Y por otro lado, es al sistema de justicia mismo que se le hace el perjuicio, porque en otros casos que puedan existir se actuaría de la misma forma creando una gran debilidad institucional. No tiene necesidad de realizar esto la Defensoría porque cuenta con elementos preparados y capaces, para tener que realizar este tipo de acciones.
En otras ocasiones también hemos dicho que ninguna parte en el proceso está por encima de ningún sistema de justicia, porque de ser así todo dependerá del capricho que tenga o le salga a una de las partes en el proceso, sea la víctima, el Ministerio Público o los imputados. Tiene necesariamente que hacer prevalecer la autoridad y el orden del sistema para que el mismo pueda ser efectivo. Si falla para una, lo hará para todos y todas. Y esto no se puede permitir bajo ningún concepto.
Lo peor de todo es que, a pesar del conocimiento y la conciencia a quienes nos enfrentamos en este proceso, no vemos correcto, que se quiera o pretenda litigar con deslealtad, pero aún así también estamos más que preparados para no pensar en lamentos, sino seguir asumiendo el compromiso, ya no solamente por el caso que nos ocupa, sino por hacer prevalecer un sistema por encima de un grupo de imputados, que lo que buscan más que todo, no es que se le garanticen sus derechos fundamentales, como se les ha garantizado, sino buscar desprestigiar el sistema mismo sobre la cual está fundamentado el proceso penal dominicano.
Es un desafío a lo mejor de este pueblo que confía aún en la justicia y el orden establecido, la actitud que muestran los imputados y actitudes de defensores como las que hemos planteado, cuando crean las maniobras, ya sea de no comparecer sus abogados privados o cambiar constantemente éstos o crear resoluciones de esta naturaleza como las mencionada. Aún así, estamos dispuestos en asumir el reto, sin dudar, y llenos de esperanza y entusiasmo, porque más que debilitarnos los constantes reenvíos y las iniquidades como las que hemos expuestos, lo que hacen es brindarnos la fortaleza necesaria, llegada del Altísimo, para no desistir, ni rendirnos, ni claudicar mucho menos, a todo lo que está detrás de las malas intenciones de los imputados y quienes intentan hacerle el juego con bajezas y deslealtades.
