La directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), Laura Hernández, aclaró que la disposición de rechazar la defensa del imputado Adriano Román, acusado por el atentado contra el comunicador y abogado Jordi Veras, se debe a la "sobrecarga de trabajo" y escasez de personal de la institución.
Hernández subrayó que el tres de febrero pasado entró en vigencia una medida adoptada por el Consejo Nacional de la ONDP, que limita los servicios que ofrece la entidad en materia disciplinaria, por solvencia económica y otros, debido a lo cargado que está su personal.
La directora de la ONDP precisó que esta disposición no responde al interés de favorecer la prolongación de algún caso en particular como supone el padre Jordi Veras, el jurista Ramón Antonio Veras (Negro), sino más bien el objetivo es priorizar aquellos casos en los que los imputados corren el riesgo de perder su libertad y carecen de recursos económicos para costearse los servicios de un abogado privado.
"No hay un deseo de la Defensa Pública de eternizar éste ni ningún proceso. Esta medida temporal obedece a la sobrecarga de trabajo por el número limitado de defensores que tenemos para enfrentar esa sobrecarga", enfatizó Hernández.
Hernández agregó que la ONDP sólo cuenta con 123 abogados de oficio y 22 coordinadores, quienes deben atender más del 75% de los procesos penales que se llevan a cabo en el país. "Deberíamos tener un mínimo de 400 defensores para cubrir la carga actual", precisó.
