Critica incidentes en juicio por caso de Jordi Veras

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Santiago. El jurista Ramón Antonio (Negro) Veras dijo que santificar las  aspiraciones de Adriano Román es un funesto mensaje a la familia. Entiende que en estos momentos en que asesinar por encargo se ha convertido en una práctica cotidiana, lo mejor del país ha externado un rechazo unánime a las pretensiones de Román, de continuar con su práctica de incidentar el proceso del caso de su hijo Jordi, como lo comprueban los doce reenvíos que ha promovido con diferentes alegatos. Mediante un documento, con motivo de cumplir veinticinco meses de la tentativa de asesinato contra su hijo, Veras explicó que el expediente se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia decida sobre una demanda en declinatoria incoada por Adriano Román, principal inculpado. 

Lamentó que con “infelices y falsos argumentos” Román pretenda justificar su demanda en declinatoria, y así sorprender la religiosidad y buena fe de los jueces del más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia.

El melodrama del caso Jordi Veras

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El expediente del Caso Jordi está en manos de la Suprema Corte

Al parecer, los jueces y el ministerio público que ventilan el caso del licenciado José Jordi Veras Rodríguez, no se conduelen al ver a su padre, el connotado jurista doctor Ramón Antonio (Negro) Veras, llorar de impotencia en un banquillo del tribunal en cuyo recinto, la parte contraria -alegando diversos motivos baladíes-  ha logrado el reenvío en doce ocasiones, de la causa  que se le sigue al empresario Adriano Rafael Román Román y compartes, acusados de perpetrar el abominable atentado contra la vida de su hijo, el día 2 de junio de 2010; cuando éste se disponía como comunicador a comentar el programa matinal diario, el cual presentaba, con otro asociado en una planta televisora de la ciudad de Santiago donde residía.

El imputado Román Román es una persona que en múltiples ocasiones se ha jactado de la enorme fortuna que posee y que está dispuesto a gastarla en este proceso judicial.  En este caso, casi un año después de iniciada la instrucción, se han efectuado doce reenvíos por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago en donde los abogados del imputado, al parecer alumnos o seguidores de aquellos abogados  incidentalistas de antaño, han hecho gala de artes mañosas y de múltiples argucias para inducir a jueces,  temerosos y carentes de experiencia, a los reiterados reenvíos  del proceso.

En el expediente del Caso Jordi, en una ocasión específica, se comprobó que el abogado del señor Adriano Román,  solicitante del reenvío mintió deliberadamente al argumentar que tenía  otra causa, a la misma hora y día  que se celebraba la de Santiago.  Asimismo, los jueces habían admitido la inasistencia de los abogados de los otros inculpados, al dar como buena y válida la excusa de que el automóvil en el cual se trasladaban desde Santo Domingo hacia Santiago, había sufrido una avería en Bonao.  Tal parece, que no pudieron o no quisieron alquilar otro vehículo para hacer acto de presencia y defender a sus clientes.

Las tácticas dilatorias y la solicitud de aplazamiento del conocimiento de la causa, ha contado, no sólo con la habilidad de sus abogados para incidental el procedimiento, sino con la connivencia del imputado Adriano Román, quién para ganar tiempo, ha desapoderado, en pleno juicio a los abogados constituidos por él para su defensa.  De ese modo, el tribunal se ha visto obligado a suspender la audiencia hasta que él nombre otra barra de defensa. El argumento ha sido que no se puede obligar a litigar sin un defensor, sea éste público o nombrado por el acusado.

Ahora, el abogado defensor del imputado Román, el doctor Tomás B. Castro Monegro, solicitó  al tribunal sobreseer el conocimiento de la audiencia preliminar hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  se pronuncie sobre la solicitud de declinatoria que había depositado el 31 de mayo de 2012.  Este pedimento fue acogido por la jueza que preside la audiencia.

Actualmente el expediente del Caso Jordi está en manos de la Suprema Corte de Justicia, en espera de ser decidida la demanda en declinatoria incoada por el señor Adriano Román.

La familia Veras Rodríguez ha sostenido que confía en que el más alto tribunal del país decida la demanda en un plazo prudente, a los fines de que se pueda seguir conociendo el proceso en instrucción y, finalmente, que las pruebas sean examinadas y terminar de ese modo, el calvario de Jordi y su familia.

Del resultado de este proceso -que se ha constituido en una experiencia traumática para la colectividad en que vivimos- dependen, tanto las autoridades gubernamentales como la sociedad dominicana, para demostrar de manera irrebatible la gran debilidad existente entre los mecanismos legales vigentes, para hacerle frente con éxito al crimen organizado.

Negro Veras: Intento de burla ante justicia, es mal precedente

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Santiago.-El jurista Ramón Antonio (Negro) Veras ahora advierte que santificar las aspiraciones de Adriano Román, de burlarse de la justicia, constituye un funesto mensaje a la familia dominicana y a la seguridad ciudadana.

                                                                                          

“Entiendo que en estos momentos en que asesinar por encargo se ha convertido en el país en una práctica criminal, lo mejor la nación ha externado un rechazo unánime a las pretensiones de Román, de continuar con su práctica de incidentar el proceso del caso Jordi, como se comprueba por los doce reenvíos que ha promovido con alegatos carentes de seriedad”, expresó Veras.

Explicó , mediante un documento con motivo de cumplir 25 meses de la tentativa de asesinato contra su hijo Jordi Veras, que el expediente se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia, decida con relación a una demanda en declinatoria, incoada por Adriano Román, principal inculpado.

                                                                             

“Aunque la figura jurídica de la declinatoria no existe en el Código Procesal Penal dominicano, el imputado Adriano Román, ha hecho uso de ella en procura de retardar el proceso, empañar la limpia imagen del Departamento Judicial de Santiago, desesperar a la familia Veras, y burlarse de la sociedad dominicana”, apuntó el jurista.

Veras dijo que Adriano Román, se ha convertido en un reincidente antisocial, consuetudinario violador de las leyes penales, principal aliado y cliente de sicariato en el país, recurre a incidentes y provocando reenvíos, persigue que las pruebas en su contra de pagar para asesinar a Jordi, no sean conocidas.

Expresó que los dominicanos y dominicanas decentes y limpios, que se oponen al crimen organizado y en particular al crimen por encargo, ven en Román, el ejemplo vivo de lo que es un practicante de pagar para matar, como lo ha hecho con Miguelina Llaverías y su hijo Jordi Veras.

Lamentó que con infelices y falsos argumentos Adriano Román, pretende justificar su demanda en declinatoria, y así sorprender la religiosidad y buena fe de los jueces del más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia.

Agradeció además la solidaridad de amplios sectores de la sociedad dominicana, con el reclamo de justicia hecho por nuestra familia, y que a la vez es una manifestación de rechazo del país a la criminalidad y a la impunidad.

Infernal limbo jurídico

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No salgo de mi asombro cada vez que el doctor Ramón Antonio Veras dice confiar en la justicia dominicana para castigar a los autores materiales e intelectuales del atentado contra la vida de su hijo, licenciado Jordi Veras Rodríguez.

Resulta paradójica la esperanza que mantiene el prestigioso abogado luego de que han transcurrido más de dos años del intento de asesinato. Mientras, ese caso sigue siendo “peloteado” y no logra pasar de la fase de instrucción. No ha bastado para erradicar la confianza de Veras en el Poder Judicial la relativa indiferencia de los Procuradores luego que se encontraran evidencias irrebatibles ubicando claramente a quien desde la cárcel contrató asesinos profesionales para llevar a cabo una venganza personal.

La trayectoria de vida y las experiencias personales de “Negro” Veras, quien nunca ha estado ligado a actividades injustas ni sucias, debieron haber sido suficiente para comprender que la justicia dominicana solo castiga a los más pobres y a los valientes que, como él, combaten el injusto sistema que nos gobierna.

El caso del joven abogado Jordi Veras está sufriendo las mismas consecuencias que muchos otros en que el crimen organizado y el narcotráfico han metido su garra delincuencial. ¿O no es esa la misma justicia que ha protegido a los autores intelectuales de “La Matanza de Paya” en la que fueron fusiladas varias personas vinculadas al tráfico de drogas? ¿O no es esa la Justicia que ha protegido a los brutalmente enriquecidos funcionarios gubernamentales de manera que ninguno de estos sea encerrado en una celda por siquiera un minuto?

¿Cómo confiar en una Justicia que rehúye condenar al asesino confeso de Guillermo Moncada Aybar a pesar de que existen múltiples testigos presenciales que vieron a Rafael González Álvarez cuando le asestaba 12 balazos sin proferir una sola palabra y sin que la víctima ofreciera resistencia alguna?

¿Hasta dónde podrá llegar la esperanza del doctor Veras de que una Suprema Corte de Justicia, elegida para garantizar la impunidad personal de algunos funcionarios, pueda castigar al promotor de ese atentado? ¿O es que todavía hay dominicano alguno que crea que el grupo corporativo que nos gobierna iba a afilar cuchillos para su propia garganta colocando en esa corte a jueces honestos, despolitizados e imparciales?

Una cosa son los tecnicismos legales que se usan habitualmente en los tribunales para los reenvíos y otra es la siempre probable complicidad subversiva entre el sistema judicial y el crimen organizado. Una cosa es la negligencia burocrática de las “Altas Cortes” y otra el proceder discriminatorio que confía en que el tiempo transcurrido sin evacuar decisiones provocará cansancio y resignación entre los afectados. Esas diferencias hay que establecerlas claramente para frustrar potenciales coartadas y justificaciones de jueces y fiscales deshonestos.

Ahora, en junio de 2012, la Suprema Corte de Justicia se ha constituido en limbo jurídico por excelencia para algunos casos criminales. Pero no es el limbo de los niños, aquel donde la escatología cristiana ubicaba a los infantes que ningún pecado habían cometido. No, allí en las “Altas Cortes” el limbo es el que los cristianos ubican entre dos infiernos: el infierno del crimen cometido y el infierno del sistema político basado en el beneficio individual de los funcionarios. Da trabajo esperanzarse siquiera porque desde ese limbo infernal pudiera obtenerse buena justicia.

El 2 de junio de 2010 tuvo lugar un atentado contra la vida del licenciado Jordi Veras Rodríguez. El hecho criminal fue evidenciado cinco meses después y entonces se dictaron medidas de coerción contra los imputados. Y de ahí en adelante arrancó el calvario de las trapisondas legales, la negligencia burocrática y las ocultas complicidades para que nunca pudiera llegarse a debatir el fondo del crimen y lograr la justa condena.

Mientras, una familia honorable sufre las inclemencias del sistema político porque se niega a transigir, rechaza cansarse de reclamar justicia. Nosotros, los que admiramos y respetamos la trayectoria patriótica y honesta del doctor Ramón Antonio Veras y su familia, tampoco nos cansaremos de reclamar castigo para los culpables de los crímenes ya mencionados.

Porque nuestra responsabilidad ciudadana es la de combatir el crimen organizado que, según parece, le falta poco para conducir totalmente los asuntos de este país.