El expediente del Caso Jordi está en manos de la Suprema Corte
Al parecer, los jueces y el ministerio público que ventilan el caso del licenciado José Jordi Veras Rodríguez, no se conduelen al ver a su padre, el connotado jurista doctor Ramón Antonio (Negro) Veras, llorar de impotencia en un banquillo del tribunal en cuyo recinto, la parte contraria -alegando diversos motivos baladíes- ha logrado el reenvío en doce ocasiones, de la causa que se le sigue al empresario Adriano Rafael Román Román y compartes, acusados de perpetrar el abominable atentado contra la vida de su hijo, el día 2 de junio de 2010; cuando éste se disponía como comunicador a comentar el programa matinal diario, el cual presentaba, con otro asociado en una planta televisora de la ciudad de Santiago donde residía.
El imputado Román Román es una persona que en múltiples ocasiones se ha jactado de la enorme fortuna que posee y que está dispuesto a gastarla en este proceso judicial. En este caso, casi un año después de iniciada la instrucción, se han efectuado doce reenvíos por ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago en donde los abogados del imputado, al parecer alumnos o seguidores de aquellos abogados incidentalistas de antaño, han hecho gala de artes mañosas y de múltiples argucias para inducir a jueces, temerosos y carentes de experiencia, a los reiterados reenvíos del proceso.
En el expediente del Caso Jordi, en una ocasión específica, se comprobó que el abogado del señor Adriano Román, solicitante del reenvío mintió deliberadamente al argumentar que tenía otra causa, a la misma hora y día que se celebraba la de Santiago. Asimismo, los jueces habían admitido la inasistencia de los abogados de los otros inculpados, al dar como buena y válida la excusa de que el automóvil en el cual se trasladaban desde Santo Domingo hacia Santiago, había sufrido una avería en Bonao. Tal parece, que no pudieron o no quisieron alquilar otro vehículo para hacer acto de presencia y defender a sus clientes.
Las tácticas dilatorias y la solicitud de aplazamiento del conocimiento de la causa, ha contado, no sólo con la habilidad de sus abogados para incidental el procedimiento, sino con la connivencia del imputado Adriano Román, quién para ganar tiempo, ha desapoderado, en pleno juicio a los abogados constituidos por él para su defensa. De ese modo, el tribunal se ha visto obligado a suspender la audiencia hasta que él nombre otra barra de defensa. El argumento ha sido que no se puede obligar a litigar sin un defensor, sea éste público o nombrado por el acusado.
Ahora, el abogado defensor del imputado Román, el doctor Tomás B. Castro Monegro, solicitó al tribunal sobreseer el conocimiento de la audiencia preliminar hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se pronuncie sobre la solicitud de declinatoria que había depositado el 31 de mayo de 2012. Este pedimento fue acogido por la jueza que preside la audiencia.
Actualmente el expediente del Caso Jordi está en manos de la Suprema Corte de Justicia, en espera de ser decidida la demanda en declinatoria incoada por el señor Adriano Román.
La familia Veras Rodríguez ha sostenido que confía en que el más alto tribunal del país decida la demanda en un plazo prudente, a los fines de que se pueda seguir conociendo el proceso en instrucción y, finalmente, que las pruebas sean examinadas y terminar de ese modo, el calvario de Jordi y su familia.
Del resultado de este proceso -que se ha constituido en una experiencia traumática para la colectividad en que vivimos- dependen, tanto las autoridades gubernamentales como la sociedad dominicana, para demostrar de manera irrebatible la gran debilidad existente entre los mecanismos legales vigentes, para hacerle frente con éxito al crimen organizado.