Juez de Ejecución de la Pena autoriza creación de junta médica para evaluar salud de Adriano Román

Fuente

Adriano Román en una imagen durante el juicio.

SANTIAGO. El juez del Tribunal de Ejecución de la Pena de este distrito judicial, Rubén Darío Cruz Uceta, autorizó el lunes la creación de una junta médica independiente para evaluar la salud del recluso y empresario Adriano Román Román, quien está ingresado en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, de aquí, por problemas cardíacos.

El magistrado Cruz Uceta emitió la resolución que designa una comisión evaluadora del Colegio Médico Dominicano (CMD), regional norte, acogiendo la solicitud del procurador de la Corte de Apelación, Víctor González.

El magistrado González declaró a Diario Libre que notificará este martes mediante acto de alguacil al presidente local del CMD, Naoky Rodríguez, para que designe un equipo de especialistas, los cuales examinen el cuadro clínico del recluso.

De acuerdo al médico de cabecera, Luis José Castillo, Román padece problemas cardíacos y otras patologías que le obligan a recibir tratamientos permanentes en un centro especializado.

No obstante, una comisión de doctores del sistema Penitenciario Dominicano sugirió tratar al reo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, de esta ciudad, donde está recluido.

En ese contexto es que el procurador de la Corte de Apelación pide el diagnostico de médicos independientes del centro sanitario privado y del sistema Penitenciario.

Se recuerda que el empresario recibe atenciones médicas en el referido dispensario desde el 19 de septiembre del corriente año.

Adriano Román está cumpliendo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey una condena de 20 años por haber ordenado el asesinato de su ex esposa Miguelina LLaverías y del abogado y comunicador Jordi Veras, quienes sobrevivieron a los ataques.

A 76 meses de la tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi Veras

1. De los hechos de naturaleza penal es posible saber el día que ocurren, no así cuándo terminarán las investigaciones policiales y judiciales, y mucho menos el momento que concluirán con una decisión definitiva e irrevocable. Son muchas las circunstancias, las situaciones imprevisibles que se mueven alrededor de un proceso judicial con ribetes penales.
2. La tentativa de asesinato contra mi hijo Jordi, sé que ocurrió el fatídico día 2 de junio de 2010, pero la culminación ante los tribunales es incierta, porque para la coronación del mismo no sé el período que falta; el lapso no depende de la voluntad de la víctima ni tampoco de los jueces.
3. En los procesos judiciales penales hay que estar preparado para todo lo que pueda maquinar el o los imputados, así como sus defensores técnicos, con el agravante de que el Código Procesal Penal, vigente en nuestro país, cuadra perfectamente con el interés que pueda tener el acusado de que el asunto se eternice, y con su prolongación llevar a cabo nuevas acciones criminales.
4. El expediente relacionado con la asociación de criminales que se constituyó para asesinar a mi hijo, por el pago que para tales fines le hizo Adriano Román, en estos momentos tiene 76 meses desde que ocurrió el hecho el 2 de junio de 2010, y todavía no se sabe cuándo concluirá; porque ahora, después de la Cámara Penal de la Corte de Apelación dictar su sentencia, todos los imputados, con excepción de uno de ellos, interpusieron recurso de casación.
5. Conozco algo del medio donde me muevo, los mecanismos legales en los cuales están enmarcados los procesos penales, así como la capacidad de maniobra de los procesados y sus asesores técnicos. No escapa a mi limitada inteligencia hasta dónde pueden llegar los acusados para que el asunto no concluya.
6. Todos los plazos llegan a su vencimiento, y creo que falta menos tiempo por llegar a su final el proceso, que el día que se inició. Además, estoy convencido de que la desesperación es mala consejera y, por tanto, ella jamás se apoderará de mí. 
7. Personalmente, en todo el curso de mi vida he tratado de ser realista y coherente. Por tanto, si durante 76 meses me he mantenido confiando en la honestidad del material humano que en el servicio judicial conoce el caso de mi hijo, ahora no tengo razón alguna para no seguir abrazado a esa convicción. Sé que la ley y el derecho se han de imponer por encima del deseo de los imputados de que el expediente se dilate y de que no les alcance la vara de la justicia.