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| Sara Pérez |
Como es de por más conocido, el martes 17 de junio del 2014, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, dictó una sentencia condenatoria contra el potentado Adriano Román, quien ha salido indemne de la mayor parte de la chorrera de crímenes en la que toda su vida ha estado involucrado.
Es apenas en los últimos años que se ha visto obligado a dar la cara por sus crímenes y eso solo ha sido en dos de los últimos asesinatos que ha ordenado y de los que se tienen noticias.
La condena se expandió hasta el sexteto de sicarios y representantes de sicarios que ejecutó -fallidamente- el plan de Román de asesinar al abogado Jordi Veras, contratando para ello los servicios de un señor llamado Francisco Carela Castro, que a pesar de su primordial protagonismo en los hechos, recibió la penalidad mas leve (10 años) y mantiene hasta el día de hoy, un perfil envuelto en brumas y que en las audiencias habría pasado completamente desapercibido, de tan discreto, a no ser por los destellos dorados -delatores- que se desprendían de los detalles en metal de sus costosas gafas de Cartier.
Por cierto, que no se por qué las revistas de sociales no incluyen una sección especializada en la alta moda, que lleva a los tribunales cierto tipo de acusados.
Los atuendos de diseño exclusivo de las chicas de Figueroa Agosto, merecieron algunos titulares, pero ni a las más veteranas cronistas dedicadas a las reseñas del buen gusto, se les ha ocurrido ir a cubrir entre sicarios, los desfiles de correas de Hermés, zapatos Gucci, camisas de Prada y pantalones de Armani. Pero ese es otro tema.
El intento de asesinato surgió por la sed de venganza de Adriano, tanto contra Jordi, como contra el padre de éste, el doctor Ramón Antonio Veras, quienes incurrieron en la ira volcánica de Adriano, porque representaron ante la justicia a varias de las víctimas de éste, destacando a doña Miguelina Llaverías, en un caso cuyas horripilantes incidencias y múltiples capítulos son de público conocimiento.
La sentencia contra los integrantes de la pandilla de criminales fue recibida con alivio por gran parte de la sociedad dominicana, que por cuatro años presenció cómo los cuartos de Adriano Román, le permitían a éste y a sus cómplices -incluyendo varios leguleyos que debían estar más presos que los propios sicarios- burlarse del sufrimiento terrible de un profesional irreprochable, de una familia conmocionada por la tragedia y, de paso, de un país completo, al poner en evidencia cuánto puede resbalar la justicia entre las viscosidades del dinero y de las mafias que proliferan al interior de la policía y entre los pasillos de los tribunales.
Y no es que la sentencia fuera todo lo drástica y ejemplar que debió ser. El caso no llevó a los estrados a todos los que formaban -y forman- parte de la red criminal. Muchos temas fundamentales no fueron ni mencionados, como la responsabilidad institucional de la Policía, de los organismos de seguridad y de la justicia misma, en esta clase de delitos. La sentencia ni siquiera consigue reponer en su totalidad los gastos económicos en los que ha incurrido la víctima, pero ya un par de los abogados de los condenados, han anunciado que apelarán.
El Doctor Bernardo Jiménez, defensor público del imputado Engels Carela Castro, condenado a 20 años por el caso de Miguelina Llaverías y a 20 más, por la tentativa de asesinato a Jordi Veras, ha manifestado que procederá a recurrir en apelación la sentencia que condenó a su defendido en el último de estos casos, alegando que su representado es “inocente” y que la sentencia en su contra fue “una decisión amañada y un mamotreto jurídico”.
En realidad, el Doctor Jiménez parecer estar un poco confundido. A pesar de los exitosos esfuerzos por obstruir y prorrogar el juicio y de las no tan exitosas conjuras delictivas para destruir -y robar- pruebas, la responsabilidad de su defendido en el crimen fue probada sin dudas razonables y sin dejar cabos sueltos, tal y como fue probada también su culpabilidad en el caso anterior, por el se encuentra preso.
Sin embargo, tal vez serían muy recomendables y convenientes las apelaciones, si estas no solo las hicieran los insuficientemente penalizados; sino también los insuficientemente compensados y los insuficientemente desagraviados.
Según se estableció en el juicio, Engels Carela Castro fue la persona que impulsó a Franklin Reynoso a ponerse a la orden de Adriano Román, en la contratación del equipo de sicarios que atentó contra la vida de Jordi Veras.
¿Cómo se estableció esto? Veamos: Primero, el también imputado Franklin Reynoso Moronta, quien compartía celda con Engels Carela, hizo una confesión voluntaria en presencia de su abogado.
Podría resumir esas declaraciones en un par docenas de palabras, pero me voy a permitir hacer una cita mas extensa, porque me parece un gran aporte para la cultura general del país, conocer ese subsuelo donde se habla de secuestrar, “lamberse” y “chapear” gente, como quien habla de arrancar una mata de lechuga.
En esas declaraciones, que forman parte del interrogatorio practicado por la entonces Fiscal de Santiago, Jenny Berenice Reynoso, el señor Franklin explica que:
“Engels Carela sabía que Adriano Román y yo nos decíamos hasta compadre por lo que me dice: -Franklin, dile a Adriano Román, como él vive pensando en eso, que si él quiere mandar a hacer cualquier tipo de trabajo, es decir de matar gentes, tú tienes las gentes que hacen cualquier tipo de trabajo de chapiar gente.
El es un viejo enfermo, maniático, por lo que yo fui donde Adriano Román y le dije que yo tenía unos amigos que mataban gentes, hacían secuestros, cualquier tipo de trabajo, entonces Román me contestó ¿Qué gente son esas, son profesionales, son militares, son buenos? Yo le contesto que si y por instrucciones de Engels Carela le digo que eran un coronel y un mayor, entonces Adriano Román dijo que bien, de acuerdo.
Luego pasan como 20 días y Adriano Román me jala y me pregunta, Oye, de los amigotes tuyos, que me dijiste que hacen el trabajo, ¿realmente son buenos? Yo le dije que si, pero en realidad no era yo que tenia las gentes para hacer el trabajo, era Engels Carela. Adriano Román me dice “yo tengo un enemigo. Quiero mandar a hacer un trabajo con las gentes tuyas, quiero sacar a ese hombre del medio, sin él yo salgo mas fácil”. No me dijo el nombre ahí y me jaló para el patio y ahí me dijo que se llamaba Jordi, que si mis amigos eran buenos, que investigaran primero sus movimientos, entonces yo voy donde Engels Carela y le digo que Adriano Román quería que mataran a Jordi y entonces Engels Carela me dijo yo lo conozco, ese es el abogado que fue contrario a nosotros en el caso, qué bueno, porque por él (Jordi Veras), en parte, yo estoy condenado a 20 años…”
En ese mismo testimonio, Reynoso pone en conocimiento de la entonces fiscal una serie de datos que coincidieron con las piezas de la investigación en curso y que eran de su conocimiento exclusivo, lo que probó la verosimilitud del declarante.
El señor Reynoso mantuvo esa versión de los hechos mientras estuvo preso en Moca, alejado de la zona de influencias directas y las presiones no muy cariñosas de Adriano Román y de los hermanos Carela.
Sin embargo, cuando Reynoso, que había confesado todo voluntariamente y en presencia de su abogado, fue traído nuevamente de la cárcel de Moca a Santiago, a la Cárcel de Rafey, que es el castillo feudal de Adriano, donde todos – tanto presos como “vigilantes”- forman parte de la servidumbre de este último, no se sabe a causa de cuáles circunstancias, maquinaciones, amenazas, presiones o sobornos, el imputado se retractó de sus declaraciones y donde dijo digo, dijo Diego y donde dijo Diego dijo digo.
En conclusión, el acusado se desmintió a sí mismo, con varios inconvenientes para él. Su confesión original no sólo fue hecha en frente de la fiscal, que como integrante del Ministerio Público es parte acusatoria y del doctor Ramón Antonio Veras, que en su condición de padre de Jordi es parte interesada y del propio abogado del reo; sino que había un cuarto testigo, que en su categoría de investigador policial, no pertenecía ni al banquillo de los acusados, ni al banquillo de los acusadores: el ex-coronel de la Policía Nacional José Rafael Méndez Taveras. Ese oficial es el segundo elemento en el establecimiento de las responsabilidades de Engels en la conjura.
La admisión voluntaria de Reynoso fue declarada inviable, aunque debió retenerse como prueba; pero esto último no resultó necesario, porque el relevante testimonio del oficial Méndez sí mantuvo su validez y uniendo los datos de ese testimonio, con el resto de las pruebas, el “mapeo” de llamadas, las grabaciones de los involucrados discutiendo sus planes de asesinato, los regateos por el precio del “servicio”, la reconstrucción documentada y probada de los pasos de los sicarios y la confesión del coordinador general del proyecto, Francisco Carela Castro, constituyeron un Jaque Mate, no solo para Adriano, sino para los otros seis, incluyendo y destacando a Engels Carela.
En su testimonio, cuya grabación y trascripción consta en el expediente, Méndez Taveras confirma que Engels Carela, en representación de su hermano Francisco Carela, envió a Franklin Reynoso donde Adriano Román a ofrecer los sicarios, a discutir precios, a promocionar la “profesionalidad” de los matarifes y luego también mandó una prueba de su “eficiencia”: Todos los datos de Jordi, sacados de Datacrédito y un informe sobre sus movimientos.
Engels, además fue el artífice de la grabación de la conversación entre Franklin Reynoso y Adriano Román y también fue Engels, quien puso en manos de su hermano dicha grabación, en una salida a un hospital.
Como podrá comprobar el Doctor Bernardo Jiménez, si se toma la molestia de examinar el expediente y las pruebas materiales del caso, esa fue la grabación que acabó en las muy desinfectadas manos de un reputado malabarista llamado doctor Carlos Balcácer, quien por feliz casualidad para él, solo participó en el juicio como testigo.
En el curso del proceso se estableció que Francisco Carela, hermano de Engels, dirigía el combo de sicarios, mientras este último contribuía con la empresa familiar, ubicando posibles clientes y promocionando el menú de servicios a la carta, que incluía desde “lamberse” o “chapear” personas, hasta hacer secuestros, grabar y chantajear visitantes de moteles y otros platillos de similar naturaleza.
Definitivamente, creo que para la sociedad dominicana sería muy fructífera la presentación de apelaciones, no tanto por parte de los inculpados, sino especialmente por parte de la víctima, ya que no es poco lo que falta por saber sobre quiénes son esos hermanos Carela.
En tanto, hagamos votos para que la Corte de Apelación ya se haya hecho una idea de los peligros que supone mantener juntos a los integrantes de esa organización criminal en una misma cárcel, dirigida y controlada por Adriano, quien no tiene nada qué perder y a quien le quedan muchos cuartos por gastar.
