SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las revelaciones esta semana de que Adriano Román, condenado a 20 años de prisión por el intento de asesinato de su ex esposa, pudiera desde la cárcel dirigir el más reciente atentado contra el abogado y comunicador Jordi Veras, han estremecido a la sociedad en general.
Más sorprendente aún es que los autores materiales fueron ex policías con un amplio prontuario delictivo, por lo menos uno había estado preso por un sangriento asesinato.
Los señalan como los sicarios al servicio del reo Adriano Román y cuya misión era, en palabras del propio autor intelectual, “sacar del medio” al abogado Jordi Veras.
La historia se remonta a 1977, cuando Román ordenó a un peón de su finca violar y torturar a su esposa Miguelina Llaverías. Ante tan horrible hecho decenas de damas de Santiago marcharon exigiendo justicia, pero el caso quedó impune.
No conforme con esto, 28 años después, en octubre del 2005, Román ordenó a unos sicarios matar a Llaverías, por el hecho fue condenado a 20 años de reclusión junto a Engels Carela Castro, Dámaso Novas Peralta, quien haló el gatillo; Fausto Aris Pérez, que conducía el vehículo en el que escaparon los sospechosos. Engels era dueño de la agencia de detectives contratada por Román para seguirla.
Cinco años después, preso en la cárcel de Rafey, Román planificó un nuevo atentado, esta vez contra el abogado que logró revertir la impunidad en la que se había mantenido por casi tres décadas.
La procuradora fiscal de Santiago Jenny Berenice Reynoso, responde a la interrogante de porqué Román no contrata directamente a Engels.
Román hasta ahora, contaba con todos los recursos para hacer y deshacer aún estando detrás de las rejas.
Además de las torturas y la violación de su esposa, que incluyó la mutilación de sus genitales, Román fue acusado de intento de asesinato en contra de su hermano Pablo, a quien le dio choques eléctricos y también roció con “Ácido del Diablo”. Por ese caso, sólo cumplió un año de prisión.
Sus enfrentamientos con la ley también incluyen la violación a una menor.
Pero no sólo Román cuenta con un largo historial delictivo, los coautores del intento de asesinato de Jordi Veras, todos ex policías, tienen en sus espaldas acusaciones de asesinato, narcotráfico y atraco.
El 30 de abril de 2007 el ex primer teniente de la Policía, Roberto Zabala Espinosa, fue acusado, junto al segundo teniente Luis Alfredo Mateo Mota y el sargento Wellington Rodríguez Jiménez, de acribillar, con de más de 30 disparos, a tres jóvenes que fueron encontrados muertos dentro de un camión en los alrededores del vertedero de Duquesa.
A más de tres años del crimen, los parientes no se atreven a mostrar su rostro por temor a represalias.
Las acciones delictivas de Zabala corrían de boca en boca entre los moradores de los Guarícanos.
Mientras esperaban la apertura a juicio, los ex policías lograron escapar de la cárcel de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.
Los imputados se entregaron en un programa de televisión. Allí narraron que escaparon ayudados por un civil que los recogió en un carro y los transportó hasta Bonao, donde se refugiaron en una cabaña, de allí se trasladaron a La Vega, desde donde salieron hacia Santo Domingo en un taxi a las tres de la mañana.
Pese a que un civil estuvo envuelto en la fuga, Perfecto Acosta, fiscal de la provincia Santo Domingo, no recuerda sanciones específicas.
Por este crimen, el ex policía, ahora vinculado al caso de Jordi Veras, quien en ese entonces estaba asignado a la Compañía de Recuperación de Vehículos Robados, en Guarícanos, fue descargado junto a sus dos compañeros.
El fiscal señala otras causas que favorecieron el descargo.
Luz María Rivas, jueza en funciones del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, excluyó como prueba el rastreo de serial y mapeo telefónico de los números de los imputados, que los ubicaban en la zona en la fecha del crimen.
El rastreo de las llamadas hecho por el entonces coronel Rolando Rosado Mateo, en la actualidad jefe de la DNCD, fue rechazado como prueba, porque fue obtenido ilegalmente.
Según consta en el auto sobre audiencia preliminar, el fiscal Miguel Morfe Henríquez había ejecutado la interceptación de llamadas por cuenta propia, más de un mes antes de solicitarla al juez.
Zabala y sus compañeros se revistieron de impunidad.
El nuevo expediente en el que está envuelto Zabala Espinosa, trae aires de esperanza a aquellos que dicen nunca haber encontrado justicia.
La planificación de un asesinato desde la cárcel.
Franklyn Reynoso Moronta, es señalado por la fiscalía como la persona a quien Adriano Román le manifiesta sus intenciones de matar a Veras.
Reynoso Moronta está condenado a 30 años por otro asesinato. La fiscalía le atribuye una inusual cercanía con Román, quien le hizo varias entregas de dinero a través de su esposa Yahaira Prado Mata.
Según el expediente, por medio de éste Engels Carela Castro plantea a Román la posibilidad de contratar un sicario.
Es ahí cuando se inicia la operación criminal que casi le quita la vida al jurista.
Engels Carela Castro se comunica con su hermano, Francisco Carela Castro, señalado desde el 2004 como el responsable de intento de secuestro de un ex cónsul español y en el 2009 como el hombre que intento estafar al senado con siete millones de pesos, aunque nunca acusado formalmente por estos delitos.
Ahora, a raíz de esta trama de intento de asesinato, las autoridades aseguran haber encontrado pruebas visuales durante un allanamiento en sus oficinas, que lo señalan como el cabecilla de una banda que espiaba parejas en cabañas para luego chantajearlas.
Carela busca entonces a Roberto Zabala Espinosa, quien busca a su amigo y vecino Candy Caminero Rodríguez, ex sargento de la policía, quien en mayo de 2008 fue arrestado cuando supuestamente realizaba una transacción de drogas. En su prontuario criminal también pesan acusaciones de extorsión.
Según las autoridades, Arturo José Ferreras del Castillo, sargento activo de la policía, adscrito al Departamento de Inteligencia Delictiva, fue quien poco más de dos meses antes, robó el motor utilizado en el atentado. Inicialmente los sicarios pedían cinco millones de pesos para terminar con la vida de Veras, pero Adriano Román fue negociando.
Acordada la suma y solicitado el respectivo adelanto de 200 mil pesos para “gastos operativos” se inicia la operación que culmina con el atentado perpetrado el pasado dos de junio.
Grabaciones en manos de la fiscalía dan cuenta de que Román quería que el atentado se llevara a cabo el 16 de mayo.
Los datos necesarios para ubicar al abogado fueron obtenidos mediante un reporte de data crédito comprado en un centro de Internet.
En varias ocasiones los imputados fueron a Santiago, allí dieron seguimiento al vehículo del abogado y comunicador y lo ubicaron en el canal 25, donde tiene un espacio.
Aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 2 de junio los acusados interceptaron a Veras en la puerta del canal y le hicieron tres disparos, todos a la cabeza.
Al ir en vía contraria por la avenida Las Carreras, una patrulla de la policía los detuvo, Arturo José Ferreras se identificó como policía y le dejaron ir.
Tras el atentado requisaron la celda de Román y allí descubrieron que además de Veras, Román tenía en su lista negra a comunicadores, jueces y fiscales.
El pasado miércoles 17 la juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Águeda del Carmen García, dictó un año de prisión como medida de coerción a todos los implicados en el intento de asesinato al abogado Jordi Veras.
Además las autoridades dijeron que embargarían todos los bienes de Adriano Román, para impedir que siguiera operando desde la cárcel.
